EL SINIESTRO DE LA CÁRCEL SAN MIGUEL
SANTIAGO DE CHILE
SANTIAGO DE CHILE
“El sistema persecutorio es selectivo y la pobreza es un factor. Los pobres no son más delincuentes, pero sí son más perseguidos”.
Por: Jorge Rubio
“¡Se les acabó la fiesta a los delincuentes”!. “Tolerancia cero”. Así rezaban algunos de los afiches de propaganda de Piñera para las últimas elecciones presidenciales en Chile. Y los de la Concertación, presurosos, se sumaban al concierto que exigía “mano dura”, fin de la llamada “puerta giratoria” y “castigos ejemplares, encerrando a los antisociales tras las rejas tirando las llaves”.
Eso fue precisamente lo que sucedió esa madrugada del miércoles 8 de diciembre, cuando el país fue testigo de la mayor tragedia carcelaria en la historia de Chile: 81 reos perecieron abrazados por las llamas o asfixiados por el humo durante un incendio en una de las torres del presidio de San Miguel, en Santiago, la capital del país. Otros cuantos permanecen aún con riesgo vital producto de las quemaduras y del humo que se le metió a su organismo.
La información del siniestro lo dio un preso por medio de su teléfono celular a bomberos y a un canal de televisión, la que ha sido confirmada por la dirección de bomberos y del canal de televisión. Según los presos, gendarmería, durante al menos dos horas, no tomó ninguna medida para evacuar a los internos, al contrario, “hacían risa del sufrimiento y no abrieron a tiempo los módulos carcelarios”, Esto quedó demostrado por las varias imágenes de vecinos del sector de la cárcel que vieron y grabaron en sus filmadoras caseras los momento de terror que vivieron los reos en esas horas de espanto, clamando porque les abrieran las puertas de las celdas. Aun más, se debe destacar el hecho de que los bomberos fueron allanados cuando quisieron ingresar a la cárcel a apagar el fuego, lo cual demoró su acción de salvataje.
La capacidad de la Cárcel de San Miguel es de 700 cupos, y al día del incendio tenía 1900 reclusos. Esta misma realidad existe en todas las cárceles del país, con condiciones de hacinamiento inmensas. Esto lo corrobora la defensora nacional, Paula Vial, quien considera como “insostenible” la situación de hacinamiento por la que atraviesa el sistema carcelario del país, problemática que volvió a instalarse en la agenda pública luego del incendio del pasado 8 de diciembre. Agrega, además: “En 10 metros cuadrados pueden llegar a vivir más de 50 reos, y sólo eso, por decencia, es insostenible”, argumentó.
El hacinamiento en las cárceles del País, obedece en buena medida a la actual Reforma Procesal que aplica penas que datan del siglo 19. Aquí hubo casos donde no se respetaron penas alternativas o remisión de la misma a quienes hubiesen sido condenados a menos de 5 años: un joven de 20 años, arrestado por beber en la vía pública; otro que vendía CD:s “pirateados”; y uno más que fue detenido por infracciones menores pagaron con su vida o resultaron gravemente heridos. Ejercer el comercio ambulante para sobrevivir la cesantía se castiga con el encierro, junto a criminales, violadores y otra calaña. No todos los delitos son iguales, ni todas las sanciones pueden ser iguales y no todos tienen que ir a la cárcel.
Presurosos, ministros, diputados, senadores, apoyados por las frases de obispos y curas y, ciertamente, por medios de comunicación afines al sistema, se apresuraron en ofrecer el pésame a las familias de los fallecidos, prometiendo esclarecer las circunstancias del siniestro que acabó con la vida de los reos y adoptando medidas para evitar una repetición de tan macabro hecho.
Lejos estaban las voces airadas que pedían más mano dura; más recintos penitenciarios y penas más prolongadas para los infractores: lo políticamente correcto debía primar.
Nuestras castas políticas no entendieron nada de estos mensajes y las cárceles seguirán siendo pabellones de la muerte. Ahora se dedican a culparse entre ellas, dando un miserable espectáculo ante la opinión pública.
Hoy, mientras muchas familias lloran a sus muertos y un olor agridulce inunda la zona más cercana a la cárcel de la tragedia, se hace mención a la precariedad de infraestructura del sistema penitenciario, a la falta de recursos financieros, materiales y humanos, al hacinamiento. Las cárceles concesionadas vuelven a la palestra mientras empresas nacionales y españolas se frotan las manos, pues son un buen negocio, de alta rentabilidad, pero de rehabilitación ni una palabra.
“Creceremos al seis o siete por ciento”, pregonan el presidente y su ministro de hacienda, aunque en verdad, ese ritmo de crecimiento se da sólo en la población penal, con más de 55 mil ciudadanos y ciudadanas tras las rejas; el doble de hace 15 años. Una de las más altas de América Latina.
El siniestro de la cárcel San Miguel, de Santiago de Chile, quedará grabado en la memoria de una sociedad que clama muchas veces más por revancha que por justicia, porque si de justicia se tratara, apellidos de alcurnia, políticos, empresarios, civiles connotados, militares, policías y curas, hubiesen sido también alcanzados por las llamas.
